Filipinas

Filipinas es el segundo archipiélago más grande del mundo con 7641 islas[1] que abarcan 30 millones de hectáreas de superficie terrestre. Por hectárea, alberga más diversidad de vida que cualquier otro país del mundo.[2] Ocupa el primer lugar en la región del Sudeste Asiático en términos de especies de árboles nativos[3] y es el cuarto en el mundo en términos de endemismo de aves, lo que la convierte en una de las áreas de mayor prioridad de conservación a nivel mundial. Se estima que en Filipinas hay entre 14 y 17 millones de personas Indígenas (es decir, entre el 10 y el 20 % del total de la población), pertenecientes a 110 grupos etnolingüísticos distintos. Existen aproximadamente 175 lenguas diferentes que se hablan en el país, algunas con influencias del régimen español de 300 años y otras completamente distintas (en especial aquellas que se hablan en las alturas de las montañas) y que se desarrollaron principalmente de las raíces austronesias.[4] En todo el país, se practican diferentes estrategias de medios de sustento, que van desde las pesquerías costeras[5] y la recolección de productos forestales[6] hasta la rotación de cultivos y los famosos arrozales en terrazas de las Cordilleras.[7] Los territorios consuetudinarios de los Pueblos Indígenas son conocidos como dominios ancestrales y abarcan las tierras, las aguas continentales, las áreas costeras y los recursos naturales que están dentro de sus territorios.[8] Los dominios ancestrales se consideran tierras privadas, pero le pertenecen a la comunidad y esta última los mantienen bajo la posesión a largo plazo o desde tiempos inmemoriales bajo el concepto del Native Title (literal, “título nativo”).[9][10]

Reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas en Filipinas

La diversidad cultural de Filipinas está reconocida en la Constitución de 1987 con al menos seis disposiciones que garantizan los derechos de los Pueblos Indígenas. Además, la declaración de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas[11] garantiza expresamente los derechos de los Pueblos Indígenas a sus dominios ancestrales mediante cinco conjuntos de derechos: (1) el derecho a los dominios ancestrales; (2) el derecho a la integridad cultural; (3) el derecho a la autogobernanza y al empoderamiento; (4) el derecho a la justicia social y a los derechos humanos; y (5) el derecho a celebrar y a suscribir acuerdos de paz.

Bajo la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas se pueden emitir dos títulos: el certificado de título de dominio ancestral (CADT, por sus siglas en inglés), el que típicamente abarca el dominio ancestral por completo y puede incluir a múltiples comunidades, y el certificado de título sobre tierras ancestrales, que por lo general cubre un territorio cuyos dueños son clanes específicos y, por lo tanto, es más pequeño que un CADT. El proceso para garantizar un CADT con la evidencia de un título nativo es relativamente complicado, tedioso y se ha vuelto burocrático al extremo de que, de hecho, contrarresta la intención original de la ley, que es proteger los derechos de los Pueblos Indígenas.

El reconocimiento estatal del título nativo que resulta en un certificado de título de dominio ancestral (CADT) comienza cuando una comunidad Indígena interesada le solicita el mismo a la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas.[12] El proceso de reconocimiento formal de un dominio ancestral incluye la autodelimitación, una declaración jurada de los ancianos sobre el alcance de los territorios tradicionales, relatos escritos sobre sus costumbres y tradiciones, la estructura e institución política, fotografías que muestren la ocupación a largo plazo; por ejemplo: de mejoras antiguas, lugares de entierro, lugares sagrados y aldeas antiguas; relatos históricos, estudios de plantas y bosquejos de mapas, datos antropológicos, estudios genealógicos, historias descriptivas de los bosques comunales tradicionales y las tierras de caza, puntos de referencia como montañas, ríos, arroyos, lomas y colinas, y escritos de los nombres y lugares derivados del dialecto nativo de la comunidad solicitante.

Cuando los mapas perimetrales se completan con las descripciones técnicas, se publican en un periódico de circulación general una vez por semana durante dos semanas consecutivas para permitir que otros reclamantes presenten objeciones dentro de los 15 días posteriores a la fecha de publicación. Una vez certificado por el presidente de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, los secretarios del Departamento de Reforma Agraria, el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Departamento del Interior y del Gobierno Local, y el Departamento de Justicia, se le notificará al comisionado de la Corporación Nacional de Desarrollo y de cualquier otra agencia que reclame jurisdicción sobre el área. Esta notificación pone fin a cualquier base legal de la jurisdicción anteriormente reclamada. Luego, el CADT se emite a nombre de la comunidad en cuestión.[13]

Biodiversidad y áreas protegidas en Filipinas

La biodiversidad del país se distribuye en 15 zonas biogeográficas y 228 áreas clave para la biodiversidad (KBA, por sus siglas en inglés). Desde el año 2018, se han establecido 240 áreas protegidas, que cubren 5,45 millones de hectáreas o el 14,2 % del territorio del país. De este número total, 94 áreas protegidas han sido legisladas bajo la Ley del Sistema Nacional Integrado de Áreas Protegidas Ampliado de 2018 y 13 bajo la anterior Ley del Sistema Nacional Integrado de Áreas Protegidas de 1992, lo que da un total de 107 Áreas Protegidas establecidas por ley.[14] De la cobertura total de áreas protegidas, 4,7 millones de hectáreas son terrestres, mientras que 1,38 millones de hectáreas corresponden a áreas marinas. Las áreas protegidas forman la principal estrategia gubernamental[15] en lo que respecta a conservación de la biodiversidad, pero históricamente han sufrido limitaciones que van desde la falta de representación de las comunidades, el conflicto de las políticas y la falta de financiamiento que obstaculiza la toma de decisiones.[16]

Entre las enormes brechas en la cobertura de las áreas protegidas se incluyen grandes extensiones de áreas de alto valor de conservación que se encuentran fuera de los límites de las Áreas Protegidas, mientras que las áreas más perturbadas y de bajo valor de biodiversidad están dentro de la delimitación de las Áreas Protegidas. Esto apunta a una «falta de consideración de los otros sistemas de gobernanza eficaces en las áreas de alto valor de conservación».[17] Por ejemplo, los bosques que aún quedan en el país coinciden con dominios ancestrales, lo que sugiere que los sistemas tradicionales de gobernanza de los Pueblos Indígenas son la razón detrás de su conservación efectiva.

Superposición entre los dominios ancestrales, las áreas clave para la biodiversidad y las Áreas Protegidas

La superposición de los dominios ancestrales y las Áreas Protegidas es de 1 440 000 hectáreas, mientras que la superposición entre áreas clave para la biodiversidad y los dominios ancestrales con certificados de títulos de dominio ancestral (CADT) es de 1 345 198 hectáreas (96 CADT de un total de 128 KBA). Esto significa que el 29 % de las KBA que requieren protección se encuentran dentro de territorios ocupados por los Pueblos Indígenas, lo que confirma la interdependencia inherente de la conservación de la naturaleza con el reconocimiento y el respeto a los sistemas tradicionales de gobernanza de los Pueblos Indígenas. Además, el análisis geográfico demuestra que en las KBA que las Áreas Protegidas no abarcan, la conservación de las comunidades Indígenas sirve como un régimen de gobernanza de facto que contribuye significativamente a la protección de la cubierta forestal a pesar de que no hay un área protegida declarada. Aproximadamente el 75 % de las áreas con cobertura forestal se encuentran dentro de dominios ancestrales, como se muestra en la Figura 1.

La gran extensión de tierras con alto valor de conservación que se encuentran fuera de los márgenes de las Áreas Protegidas y el estancamiento de la administración entre estas últimas y los dominios ancestrales requiere diversificar el reconocimiento a los diferentes sistemas de gobernanza para incluir los territorios y áreas conservados por Pueblos Indígenas y comunidades locales (TICCA), para que garanticen la protección efectiva de estas áreas. Los TICCA coinciden con las áreas de mayor endemismo sobreviviente, hallazgo que fue confirmado con evidencia de dieciséis sitios que abarcan un área total de 349 422 hectáreas. Estos fueron mapeados, inventariados, documentados y declarados entre los años 2011 y 2014 en el marco de dos proyectos financiados por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente: (1) el Proyecto de Nuevas Áreas de Conservación de Filipinas, que fue implementado entre 2011 y 2014, y (2) el Proyecto de Territorios y Áreas Conservados por la Comunidad de los Pueblos Indígenas de Filipinas, implementado entre los años 2016 y 2019. Ambos proyectos incluyeron la identificación y el mapeo de TICCA utilizando conocimientos y ciencia tradicionales, documentación de sistemas y prácticas de conocimientos Indígenas, inventario de recursos para determinar el estado de salud de los bosques y uso de los hallazgos en la formulación de planes de conservación comunitaria. Además de liderar en la región asiática como un ejemplo del proceso nacional que se necesita llevar a cabo para una conservación inclusiva y para lograr resultados positivos, el proyecto que ocurrió entre 2016 y 2019 recibió el Development Aid of the Year Award (literal: Premio de Ayuda al Desarrollo del Año) en 2019.[18]

En una evaluación a los diez TICCA involucrados en este proyecto (Figura 2), que el Instituto de Recursos Mundiales completó utilizando la herramienta de análisis personalizado LandMark Platform, se encontró que estos sitios almacenan 10,5 millones de toneladas de carbono, equivalente a las emisiones de gas de al menos siete millones de automóviles al año.[19] Los datos resultantes sobre la capacidad de almacenamiento de carbono de estos TICCA muestran claramente el papel fundamental que estos desempeñan en la mitigación de los impactos de la crisis climática, no solo en Filipinas sino que también en Asia en general.

Contexto legal a nivel nacional e internacional

Como se mencionó anteriormente, los derechos de los Pueblos Indígenas están reconocidos en la Constitución de Filipinas de 1987 y en la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas de 1997. Bajo el marco de esta última, en la actualidad, se han emitido 221 CADT que benefician a 1 206 026 pobladores Indígenas y que abarcan un área total de 5 413 772 hectáreas de tierras y aguas ancestrales, lo que equivale al 16 % de la superficie terrestre total de Filipinas. Esto no incluye a las áreas sin CADT o a áreas bajo reclamos de título nativo[20] que, combinadas, se estiman en siete u ocho millones de hectáreas, o una cuarta parte del territorio del país.

La Ley de Conservación y Protección de los Recursos de Vida Silvestre del año 2001 (Ley de la República 9147) determina la conservación, preservación y protección de las especies de vida silvestre y sus hábitats. Si bien esta ley reconoce los derechos de los Pueblos Indígenas para recolectar elementos de la vida silvestre para usarlos de forma tradicional, impone el control y la regulación de la caza de animales salvajes, y la recolección y el comercio de alimentos silvestres.

Como enmienda a la antigua Ley del Sistema Nacional Integrado de Áreas Protegidas de 1992, la Ley del Sistema Nacional Integrado de Áreas Protegidas Ampliado de 2018 en su texto protege la existencia perpetua de todas las plantas y animales nativos. La vida silvestre y las KBA se encuentran principalmente en los dominios ancestrales. Por lo tanto, la Sección 13 de la ley de 2018 garantiza expresamente el respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas al autogobierno.

Además, actualmente existe un proyecto de ley acerca de los TICCA[21] sobre el que se está legislando[22] y está avanzando rápidamente en el Congreso.[23] Los elementos centrales del proyecto de ley son iniciar un Registro TICCA Nacional y designar protecciones legales para sancionar las violaciones a los TICCA. También busca especificar las disposiciones de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y la Ley del Sistema Nacional Integrado de Áreas Protegidas Ampliado en lo que respecta a reconocer la contribución de los Pueblos Indígenas para la conservación de la biodiversidad. Esto brindará un sistema que apoyaría y reconocería a los TICCA de forma efectiva a la par de las áreas protegidas en la última legislación, lo que resultará en el respeto y la promoción de la gobernanza tradicional y el ejercicio del conocimiento, los sistemas y las prácticas Indígenas de larga data.

El Consorcio TICCA de Filipinas o Bukluran ng mga Katutubo Para sa Pangangalaga ng Kalikasan ng Pilipinas se consolidó formalmente en 2013[24] para actuar como representante de los TICCA en el país. Su objetivo es promover el reconocimiento y el apoyo adecuados a los TICCA en Filipinas y su red ha crecido a lo largo de los años gracias a alianzas con programas que realizan incidencia política en pos del medio ambiente y defienden los derechos de sus protectores. El Consorcio participa de forma activa en las convocatorias en contra de Kaliwa Dam y otros megaproyectos que son perjudiciales para el medio ambiente y los derechos de los Pueblos Indígenas, así como también en contra de la criminalización y los ataques a los Pueblos Indígenas y sus dominios ancestrales.

Además, el gobierno filipino es signatario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y es Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992) y el Acuerdo de París (2015), el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (1992), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976), entre otros.

Desafíos

Conflictos legales y políticos

Muchos de los santuarios y bosques sagrados que son gestionados de forma colectiva por los Pueblos Indígenas se superponen con las “zonas centrales” o “zonas de protección estricta” de las Áreas Protegidas en las que la política estatal declara que no se deben realizar actividades. Estas son las mismas áreas de mayor interés para los Pueblos Indígenas porque sustentan su cultura y sus medios de vida. Históricamente, en estas áreas han surgido conflictos entre el estado-nación y las leyes consuetudinarias, los cuales se agravan por las normas de implementación[25] en las que los dominios ancestrales sin CADT que comparten áreas comunes con las Áreas Protegidas no serán reconocidos por la Ley del Sistema Nacional Integrado de Áreas Protegidas Ampliado de 2018. Los desafíos persistirán en la medida en que los Pueblos Indígenas se vean privados de su derecho a ejercer la gobernanza tradicional sobre sus territorios. El gobierno estatal podría utilizar estas normas para desplazar a las comunidades Indígenas de sus territorios o para criminalizar su acceso a los recursos y su uso tradicional de estos dentro de las áreas que se solapan con las Áreas Protegidas. Por ejemplo, a los manobos que rescataron a un águila filipina no los felicitaron, sino que los acusaron de caza ilegal de vida silvestre. Los manobos consideran al águila filipina como un actor clave y un guardián,[26] de ahí la necesidad de protegerla y conservar su hábitat a cambio.

De manera similar, la Ley de Vida Silvestre podría evitar que los inmigrantes intrusos recolecten y comercialicen elementos de la vida silvestre con fines puramente lucrativos. Sin embargo, para los Pueblos Indígenas, la recolección de plantas herbáceas, las abejas silvestres y la caza de jabalíes es importante para mantener la salud y los medios de sustento y ha sido parte de un sistema de gestión de recursos basado en la cultura que brinda santuarios para la vida silvestre en primer lugar. Las políticas que reconocen y respetan esta relación ayudarían a garantizar la protección de las especies y los ecosistemas a la vez que promocionan los derechos y la dignidad de los Pueblos Indígenas.

Más ampliamente, también existen conflictos entre los organismos gubernamentales que son responsables de la materia ambiental y aquellos que se encargan del crecimiento económico y las industrias extractivas tales como la minería[27]; por lo general, estas últimas triunfan por sobre las primeras mencionadas. Las inconsistencias entre las entidades que trabajan en terreno no solo confunden a los titulares de derecho y a los actores clave, sino que también ponen en riesgo a la protección y conservación del medio ambiente. La implementación de políticas y legislaciones que van en contra de las leyes que ya existen ha demostrado la vulnerabilidad de los TICCA en el contexto de tales amenazas institucionalizadas que de modo continuo ponen en peligro a las personas Indígenas cuyas vidas están enlazadas a la protección de sus tierras y territorios.

Violaciones a los derechos humanos

Una violación a los derechos humanos ocurre a menudo en forma de agresión perpetrada por el avance del desarrollo, como las operaciones mineras a gran escala, los proyectos de represas y la invasión de migrantes que presentan quejas o reclaman posesión de las tierras que se encuentran dentro de los territorios tradicionales. En el contexto de la pandemia por COVID-19 y las consecuentes medidas de restricción, las violaciones al derecho de los Pueblos Indígenas de otorgar o negar su consentimiento libre, previo e informado han aumentado de manera descontrolada. Antes de la pandemia, se habían documentado 126 incidentes de empresas que entraron por la fuerza a dominios ancestrales sin el debido consentimiento libre, previo e informado; el 70 % de estos incidentes ocurrieron en la isla de Mindanao.[28] A medida que avanza la carrera por la tierra y los recursos naturales, reivindicar los derechos de los Pueblos Indígenas ha llevado a la criminalización de estos mismos y al uso de la ley como un arma.[29] Hasta agosto de 2019, 86 personas Indígenas han sido víctimas de asesinatos extrajudiciales.[30]

El 30 de enero de 2020, nueve líderes Indígenas Tumandok fueron asesinados y otros dieciséis arrestados. Más recientemente, el 7 de marzo de 2021, día de infamia apodado como la “sangrienta masacre del domingo”, dos Indígenas dumagats de Rizal, en Tanay, fueron asesinados junto con siete activistas.[31] Esta acción fue condenada inmediatamente por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.[32]

Recomendaciones y conclusiones

Existe una necesidad crítica de apoyo a los esfuerzos del Consorcio TICCA de Filipinas para expandir e integrar el mapeo comunitario, el inventario de los recursos y la documentación e implementación de conocimientos, sistemas y prácticas Indígenas para abordar la deforestación tropical y los impactos de la crisis climática. Esto se puede hacer expandiendo y mejorando las capacidades para desarrollar e implementar planes de conservación comunitaria, proyectos prioritarios de medios de sustento y estableciendo mecanismos apropiados de financiamiento (en algunos casos, por ejemplo, como pagos por servicios ecosistémicos).

También es importante crear alianzas con grupos ambientales y de conservación mundial que se adhieran a los derechos de los Pueblos Indígenas reconocidos internacionalmente, proporcionando una capa adicional de protección contra la criminalización de estos derechos.

La destrucción rápida de los bosques filipinos que ocurrió entre las décadas de 1950 y 1990 se detuvo justo en el límite de los territorios de los Pueblos Indígenas. Estos últimos representan una contraparte de resistencia y esperanza para que los bosques remanentes y las especies endémicas de plantas y animales puedan protegerse dentro de las áreas conservadas por estas comunidades. Más allá de la aprobación de leyes progresivas y del reconocimiento internacional del rol de los Pueblos Indígenas, todavía es posible que el gobierno estatal ejerza mandatos para los esfuerzos que ya vienen haciendo efectivamente los Pueblos Indígenas. Como resultado, estos últimos exigen respeto y reconocimiento de sus derechos, lo que a su vez proporciona un medio ambiente limpio y saludable en el presente y para las generaciones venideras.

---

[1] National Mapping and Resource Information Authority, Philippines según lo que se cita en WorldAtlas.com. 2019

[2] Heaney, según la cita presente en Ong. P.S., L. E. Afuang, and R.G. Rosell Ambad (eds). 2002. Philippine Biodiversity Conservation Priorities: A Second iteration of the National Biodiversity Strategy and Action Plan. Quezon City, Philippines: Protected Areas and Wildlife Bureau, CI-Philippines, University of the Philippines, and Foundation for the Philippines Environment.

[3] Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Center for Biodiversity. 2010. ASEAN Biodiversity Outlook.

[4] Llamazon, T. 1966. The Subgrouping of Philippine Languages. Philippine Sociological Review, 14(3): 145-150.

[5] Los molbog de Balabac Palawan viven en una isla en donde hay cocodrilos. Sus principales fuentes de sustento son la pesca, la agricultura de rotación, la fabricación de botes y el intercambio o trueque, entre otras

[6] Las comunidades Indígenas de Filipinas, con un ecosistema forestal abundante, dependen mucho de los recursos forestales madereros y no madereros de sus bosques. Consulte Ong, H.G., Kim, YD. 2017. The role of wild edible plants in household food security among transitioning hunter-gatherers: evidence from the Philippines. Food Sec. 9: 11–24.

[7] Los arrozales en terrazas de los ifugao fueron declarados un sitio del Patrimonio Mundial de la Unesco por la Convención del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Consulte la página web de la UNESCO.

[8] Párrafo (a), Sección 3, Definición de Términos, Capítulo II, Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas (Ley de la República 8371).

[9] Comentarios de Giovanni Reyes y Joji Cariño para contextualizar el término “Pueblos Indígenas y Comunidades Locales” durante una reunión de consultoría el 10 de febrero de 2021 para el borrador del informe técnico “El estado de las tierras y los territorios de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales”.

[10] En la Sección 3 de la Ley de la República 8371, conocida popularmente como la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, un “título nativo” se refiere a los derechos a las tierras previamente conquistados y los dominios que desde tiempos inmemoriales han estado bajo derecho de la propiedad privada de comunidades culturales Indígenas o Pueblos Indígenas. Estas nunca han sido tierras públicas y por lo tanto se presume indiscutiblemente que así lo ha sido desde antes de la conquista española.

[11] Ley de la República 8371, promulgada en 1997, Cámara de Representantes y del Senado, República de Filipinas.

[12] Una entidad independiente de la Oficina del Presidente estipuló que la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas es la entidad gubernamental principal mediante la cual los Pueblos Indígenas pueden conseguir asistencia del gobierno.

[13] Sección 52 y Sección 53 de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas (Ley de la República 8371).

[14] Atención con lo siguiente: “Áreas Protegidas” se refiere a los sitios establecidos por ley y “áreas protegidas” se refiere a cualquier área protegida, ya sea por los Pueblos Indígenas o no, a aquellas establecidas por ley y a las no establecidas pero declaradas por la comunidad. Las Áreas Protegidas son cogestionadas con un Consejo de Administración de Áreas Protegidas y reciben de forma anual una parte del presupuesto nacional.

[15] La Ley del Sistema Nacional Integrado de Áreas Protegidas de 1992 (Ley de la República 7586) fue enmendada en la Ley del Sistema Nacional Integrado de Áreas Protegidas Ampliado de 2018 (Ley de la República 11038).

[16] Un Consejo de Administración de Áreas Protegidas está compuesto por representantes de diferentes unidades del gobierno local que van desde los barangayes, los niveles municipal y provincial, la sociedad civil, las comunidades Indígenas, la academia, otras entidades gubernamentales y el sector privado. El director regional actúa como el presidente del Consejo de Administración.

[17] Un estudio financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés): “Biodiversity and Watersheds Improved for Stronger Economy and Ecosystems Resilience (B+Wiser)”.

[18] Biodiversity at the Mission: PHL Envoys & Expats Recognition Awards on 4 April 2019.

[19] LandMark, la primera plataforma internacional que proporcionó mapas de las tierras de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, publicó sobre nuevos almacenamientos de carbono, pérdida de la cubierta arbórea, concesiones de recursos naturales, ubicaciones de represas y otros datos que entregan información sobre el entorno en que estas tierras se encuentran. El cálculo de la capacidad de almacenamiento de carbono se hizo con los siguientes datos (en inglés): ABOVEGROUND LIVE WOODY BIOMASS DENSITY (0.00025 degrees, Global, Zarin/Woods Hole Research Center); SOIL ORGANIC CARBON DENSITY (FAO/IIASA/ISRIC/ISSCAS/JRC, 2012. Harmonized World Soil Database version 1.2. FAO, Rome, Italy and IIASA, Laxenburg, Austria); INTACT FOREST LANDSCAPES (Potapov, P., M. C. Hansen, L. Laestadius, S. Turubanova, A. Yaroshenko, C. Thies, W. Smith, I. Zhuravleva, A. Komarova, S. Minnemeyer, and E. Esipova. 2017. “The last frontiers of wilderness: Tracking loss of intact forest landscapes from 2000 to 2016.” Science Advances 3: e1600821).

[20] Se refiere a las áreas en las que las comunidades Indígenas optan por no solicitarle al gobierno el reconocimiento formal de los dominios ancestrales para que pasen a ser CADT.

[21] Los autores principales del proyecto de ley son la senadora Hontiveros y las congresistas Legarda y Acosta-Alba. El Consorcio TICCA de Filipinas, junto con otros grupos de apoyo, es un miembro activo del grupo técnico de trabajo de las dos Cámaras del Congreso. Lea la propuesta del proyecto de ley aquí (en inglés).

[22] El proyecto de ley ha sido discutido dos veces en el Senado, el cual solicitó que se consolidaran las dos versiones que presentaron el senador Revilla y la senadora Hontiveros. El proyecto de ley fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Representantes y, al momento de publicación en abril de 2021, la Comisión de Presupuestos de la Cámara lo está revisando.

[23] Philippine News Agency, 3 December 2020. House panel OKs bill recognizing conserved IPs’ communities.

[24] El Consorcio TICCA de Filipinas se creó en febrero de 2013 para cumplir con la convocatoria explícita de la Declaración de Manila que los Pueblos Indígenas elaboraron y firmaron durante la Primera Conferencia Nacional sobre los TICCA en Filipinas, celebrada del 29 al 30 de marzo de 2012. Consulte: The Philippines establish the first national ICCA Consortium, Quezon City, 19 – 22 February, 2013 (en inglés).

[25] Las calificaciones y el lenguaje de la Ley del Sistema Nacional Integrado de Áreas Protegidas Ampliado de 2018 (Ley de la República 11038) son inconsistentes con las normas de aplicación de la Ley (Orden Administrativa 2019-05 del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales). Consulte: Implementing Rules and Regulations (en inglés).

[26] El águila filipina se considera un actor clave entre los evu menuvos de Cotabato del Norte debido a los mensajes que envía mediante sonidos que solo los miembros de la comunidad pueden interpretar. Estos mensajes incluyen avisos de calamidades, desastres y ataques inminentes a algún miembro por parte de un forastero o ataques a la comunidad por parte de fuerzas externas. Consulte también el estudio de caso del Pangasanan del pueblo manobo en este informe.

[27] El proyecto minero Tampakan por mucho tiempo ha sido objeto de protestas por parte de la comunidad Bl’aan de Cotabato del Sur, la Unidad de Gobierno Local y otros sectores de apoyo, pero los intentos de explotar lo que se considera el mayor yacimiento minero de cobre y oro sin explotar del Sudeste Asiático siguen adelante en medio de presuntas violaciones al medio ambiente y los derechos humanos..

[28] Salomon T., 2019. Land Conflicts and Rights Defenders in the Philippines. In In defense of land rights: A monitoring report on land conflicts in six Asian countries. Quizon, A., Marquez, D., Pagsanghan, J. (eds). Quezon City: ANGOC, pp. 106-123.

[29] La Ley Antiterrorista de 2020 (Ley de la República 11479) es objeto de varias peticiones que cuestionan su constitucionalidad ante el Tribunal Supremo. Se cree que la ley reduce las Libertades Constitucionales Mayores, que se refieren a los derechos de los acusados, los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de circulación, entre otros.

[30] Mamo, Dwayne. 2020. The Indigenous World 2020. Copenhagen, Denmark: International Working Group on Indigenous Affairs.

[31] IDEALS, Incorporated, 11 March 2021. “Official Statement on Bloody Sunday.” Karapatan, Timog Katagalugan.

[32] Notas de prensa sobre Filipinas. Portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Ravina Shamdasani. Disponible en inglés por escrito en ohchr.org y en video en: https://youtu.be/KRBZhjV8d18.